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Los comités de empresa y secciones sindicales denunciaron ya en 2006 la ilegalidad de la dirección de la empresa al intentar imponer un sistema de previsión social complementaria no acordado con la representación sindical, que además suponía un fraude pues reducía ostensiblemente su valor.

Tras 9 años de juzgados, en noviembre de 2013, el Tribunal Supremo emitió sentencia confirmando nuestra petición y estableció:

Que sólo existe un Plan en IBM y es el Plan Tradicional
Que todos los trabajadores de IBM y los de IGS provenientes de IBM que habian renunciado a él debían incorporarse al Plan Tradicional a través de un proceso de regularización que, a ser posible, debía ser consensuado y acordado con los comités de empresa y/o secciones sindicales
Que sólo se puede cambiar este sistema actual del Plan Tradicional mediante acuerdo con los comités de empresa y/o secciones sindicales

La dirección de la empresa ponía muchas trabas a la hora de ejecutar la sentencia y no llegamos a un acuerdo en la regularización, por lo que volvimos a los juzgados para obligar a la empresa a que ejecutara la Sentencia del Tribunal Supremo.

Tras varios tramites judiciales, el 24 de Noviembre de 2015 en la Audiencia Nacional la dirección de la empresa ha presentado las pruebas (pólizas, datos de regularización, etc.) que demuestra que están ejecutando la sentencia. Aunque la forma de ejecutar no es, desde nuestro punto de vista, la correcta, pues contiene ilegalidades que perjudican de forma importante a los trabajadores, imponiéndoles intereses leoninos tanto en el pasado como en el futuro, hasta la jubilación, de las cantidades que en su momento les entregó como Plan Alternativo.

Por otro lado, en paralelo, la dirección de la empresa inicia un proceso de INAPLICACIÓN del Plan Tradicional, junto con un ERE y una bajada salarial, en el mes de septiembre de 2015.

Tras varios meses de reuniones y consultas, seguimos sin llegar a un acuerdo. Tanto el ERE como la bajada salarial han sido demandados mediante conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional que nos citará para la vista correspondiente a principios del año 2016.

En cuanto a la INAPLICACIÓN se sigue un proceso diferente, y por ello hemos sido convocados al SIMA (Servicio de Intermediación Mediación y Arbitraje), previamente a la presentación por parte de la empresa de su solicitud ante la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos. Una vez presentada la solicitud, se podrá elegir uno o varios árbitros que dictaminarán sobre la existencia de causas y la medida propuesta. Este laudo arbirtral se puede recurrir a la Audiencia Nacional, no es ejecutivo.

La posición de los comités respecto de esta INAPLICACIÓN ha sido desde el principio que NO podíamos aceptarla ya que no concurren las causas que legalmente son exigibles. Aun así, y en aras a intentar una solución negociada, se aceptó un cambio del sistema, una transformación del actual Plan Tradicional. Este cambio se puede hacer y se ha hecho en otras empresas del país, de muchas y diversas formas. Y nosotros hemos ido proponiendo distintas soluciones, desde la propuesta de implantar un Plan de Pensiones, que ahorraría a la empresa entre un 30% y un 40%, hasta la última propuesta de cambio individual, voluntario y controlado.

Pero la dirección de la empresa sigue sin moverse de su posición inicial: la inaplicación, la bajada salarial y el ERE.

En nuestra última propuesta marcamos cuatro líneas: cambio, individual, voluntario, y control.

Pues bien, la empresa quiere congelar el plan, quiere utilizar la bajada salarial para “incentivar” el cambio, y lo quiere realizar sin ningún control, es más, insiste en que el nuevo plan no sea tal y que, simplemente, vuelva a producirse una aportación salarial en nómina.

Todas estas condiciones en la última propuesta de la empresa son justamente lo que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han declarado como ilegales, y por tanto los comités no podemos aceptar en ningún caso. Estos derechos están especialmente protegidos por la ley y no son disponibles individualmente, por eso la ley exige que los comités sean los que acepten los cambios. Además, se exige que no se cambien por dinero, sino que en todo caso se transforme de un tipo de prestación a otra, pero manteniendo su carácter de complemento a la prestación social de jubilación.

Entendemos que el proceso está siendo largo y tedioso, y que la dirección de la empresa está utilizando todos los mecanismos legales y no tan legales para conseguir que no tengamos ningún derecho de jubilación pero estos comités no están dispuestos a ceder a las presiones y seguiremos intentando defender los derechos de todos.

Si la empresa considera que un árbitro puede dictaminar sobre esta situación, que lo haga, nosotros haremos nuestras alegaciones y volveremos a los juzgados si es necesario.

Lo que os hemos venido pidiendo para apoyar estas reivindicaciones frente a la empresa ha sido ayuda económica para los asesores, concentraciones y huelga. ¡Es fundamental que tengamos todo vuestro apoyo para conseguir defender derechos! No es lo mismo sentarse a una mesa a negociar cuando la huelga la hace un 10% que cuando la hace un 90%.

Necesitamos demostrar a la dirección de la empresa que bajo amenazas y presiones no llegaremos a ningún acuerdo y os pedimos que nos apoyéis y participéis en la huelga del 30 y 31.

Concentración mañana 30 de diciembre a las 13:00 en la puerta de Santa Hortensia
Huelga de media jornada el 30 de diciembre desde las 13:30 a las 17:30
Huelga de media jornada el 31 de diciembre desde las 8:45 a las 12:45