Afecta a: Barcelona, IBM, IGS, Madrid, pensiones, sentencias
En relación con nuestro comunicado del pasado 26 de Junio, os informamos de que, en respuesta a nuestra solicitud:
1.- La Dirección ha procedido a convocarnos a los Comités de IBM e IGS a una reunión formal a celebrar el próximo día 8 de Julio.
2.- Hasta el momento no hemos recibido la documentación que reiteradamente les hemos solicitado.
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Estamos detectando en estas últimas semanas que la empresa, en su desesperado intento de cumplir la sentencia de las Pensiones, evitando la ejecución coactiva y actuando de manera unilateral sin la menor concesión a la negociación colectiva, está ofreciendo acuerdos individuales de regularización a aquellos empleados que por una razón u otra se encuentran en vías de abandonar la compañía.
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Ante nuestra nueva petición a la Audiencia Nacional, el juez nos convocó a las dos partes el pasado lunes 22 de junio.
Los asistentes fueron los abogados de IBM e IGS y nuestros abogados.
Fue una reunión breve en la que los abogados de la empresa tenían que probar que están ejecutando la sentencia.
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Tal y como os informamos en el último comunicado, hemos vuelto a solicitar la intervención de la Audiencia Nacional para la ejecución de la Sentencia de Pensiones.
Más de tres meses después del Auto de esa Sala, y más de año y medio después de la Sentencia del Tribunal Supremo, las empresas ejecutadas siguen sin cumplir la orden dada por nuestros órganos judiciales.
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En la nota que envió la Dirección el viernes pasado, requiriendo información a todos los trabajadores sobre la rentabilidad de sus aportaciones al ilegal Plan Alternativo, lo que realmente subyace es el incumplimiento del mandato de ejecución.
Resulta especialmente grave constatar que, tras más de dos meses del Auto de 27 de febrero, la Dirección no ha dado ni un solo paso en orden a una ejecución ordenada y negociada del fallo, no ha convocado a los Comités, no ha contestado a las peticiones de información efectuadas y su primera actuación ha sido trasladar a toda la plantilla una injustificada exigencia de información, escudándose en estas peticiones para eludir el cumplimiento.
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